Por Daniel Jimenez (@npositivas)
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Por Daniel Jimenez Concentración en Toledo, ante el edificio de la Consejería de Administraciones Públicas de la Junta de Castilla -La Mancha, durante la reunión de la Mesa de la Función Pública en la que se negociaron los casi 700 despidos de empleados públicos. |
Huyendo por la puerta de atrás. Protegidos por
agentes de policía de una multitud indignada que les abuchea y les lanza
gritos como "¡ladrones!", "¡ratas!" o
"¡terroristas!", cuando no zarandea sus coches o les tira huevos. No
hablamos de delincuentes, sino de nuestros representantes públicos.
De aquellos a los que se supone que hemos elegido para que nos representen.
Algo así se pudo ver la noche del pasado 20 de agosto, en Toledo, después de
que el gobierno de Castilla -La Mancha decidiera que le sobraban 672 puestos
de trabajo (a falta, por supuestos, de las purgas extra que queden por
llegar). También se vio dos días después, cuando el Consejo de Administración
de RTVV (Radio Televisión Valenciana) aprobó el ERE que deja en la calle
a 1.198 trabajadores.
Y es que últimamente los delegados del pueblo se han convertido
en una amenaza para el pueblo. Así lo señala de forma insistente el barómetro
del CIS, que desde hace tiempo sitúa a la clase política como una de
las principales preocupaciones de los españoles. Ante este panorama, es
necesario que nos hagamos un par de preguntas: ¿qué salud mental puede
tener una sociedad que elige como representantes a personas que son un problema,
y no una solución? ¿De verdad que no somos capaces de darnos unas
instituciones realmente representativas en las que confiar, y no temer?
La solución a estos interrogantes pasa, en mi opinión, por
admitir que hemos cometido un grave error: hemos dejado de ser políticos.
No me refiero a militar en un partido, por supuesto. Sino a ejercer nuestros derechos
políticos. A ser ciudadanos y ciudadanas que ejercen su soberanía.
Esto supone rechazar el tramposo discurso de "mira lo que nos hacen los
políticos", porque todos somos políticos y por tanto todos somos
responsables de lo que nos hacen quienes detentan un poder ilegítimo sobre
nosotros.
Por tanto, si tenemos como representantes a personas que
consideramos que nos están perjudicando, la decisión lógica, la que tomaría una
sociedad sana mentalmente, es la de quitarles el poder. Bien creando
otros partidos, bien poniendo en pie nuevos instrumentos democráticos y formas
de representación distintas, compatibles con las ya existentes o completamente
rupturistas. Las opciones posibles son muchas y muy distintas, pero todas ellas
tienen en común que deben ser protagonizadas por una ciudadanía crítica y
activa. Por personas que se movilizan en la calle, en los partidos, en las
administraciones, en las empresas, en los sindicatos y en cualquier lugar donde
esté en juego un espacio de poder. Como me dijo hace años un veterano
político, "espacio de poder que tú no ocupes, otro lo ocupará
por ti". Esta debería ser la primera lección de ciudadanía.
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