Río +20, la cumbre 'bla, bla'

Por Mónica Cuende (@monicacuende)

Acaba de celebrarse la cuarta conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible conocida como Río +20. Cien líderes de estado -un cotilleo, accompañados de sus respectivas parejas-, se reunieron para acordar posibles políticas comunes en materia de economía verde, en el contexto de la erradicación de la pobreza, así como el marco institucional para la sostenibilidad o gobernanza.

Agencias de prensa y diarios de todo el mundo constatan la falta de consensos en los acuerdos y la laxitud del texto final en materia de ejecución. Sin embargo, en la cumbre, los políticos si se pusieron de acuerdo en remarcar que son los ciudadanos individualmente y las empresas quienes deben liderar los esfuerzos para mejorar el medio ambiente y no los gobiernos. A lo que el director ejecutivo de WWF, Lasse Gustavsson, respondido que "el enverdecimiento de nuestras economías se tendrá que producir sin las bendiciones de los líderes mundiales".

La cumbre de las mujeres

La intervención de la secretaria de estado estadounidense, Hillary Clinton, y la presidente brasileña, Dilma Rousseff, que unieron sus voces junto con otras líderes en favor de las mujeres, ha sido una de las acciones más relevante de esta cumbre de Río +20. Así mismo, todas lamentaron que el texto final no reconozca el derecho de la mujer a decidir sobre si tener hijos o no, un tema que generó fuerte fricción en el encuentro.

Dejar con un palmo de narices

La Declaración de Río deja muchas otras cosas en el tintero como, por ejemplo, las peticiones firmada por más de 400 organizaciones ecologistas que sí se han puesto de acuerdo para pedir:

• Limitar el papel privilegiado otorgado al sector privado en las negociaciones oficiales y decisiones políticas de la ONU.
  
• Transparencia sobre las relaciones y vínculos existentes entre la ONU y el sector privado.
• El establecimiento de un código de buena conducta para los funcionarios de la ONU.
• El establecimiento de un régimen jurídicamente vinculante que permita exigir a las empresas la rendición de cuentas de cara a la legislación en materia de derechos ambientales, humanos y laborales.